Juanma, ¿la sequía qué?

... extrajo las políticas de agua del ciclo integral del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) de las políticas de sostenibilidad y medioambientales.

2023-09-10

Juanma, ¿la sequía qué?

Sábado 2 de septiembre hace 77 días que no ha caído una gota de agua en la provincia de Jaén ni en el resto de Andalucía. La pertinaz sequía se convierte en el principal problema presente y futuro para nuestra Comunidad Autónoma y mientras tanto Juanma Moreno —si a alguien se le ha olvidado o a él mismo, Presidente de la Junta de Andalucía— lleva 40 días desaparecido del foco político y mediático en Andalucía —sí ha tenido tiempo, por ejemplo, de acompañar a Feijóo en Galicia—.
Hace un año, al configurar su primer gobierno de la XII Legislatura, decidió crear las Consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, por un lado, y, de otra parte, Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul, es decir,

extrajo las políticas de agua del ciclo integral del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) de las políticas de sostenibilidad y medioambientales.

Todavía no había vuelto a la carga, de la manita de VOX, con su propuesta sobre Doñana. Una Proposición de Ley —en otro momento profundizaremos sobre el tema concreto— que supone un daño reputacional sin precedentes al turismo andaluz, a la agricultura andaluza y a la imagen de Andalucía, ya que la UNESCO ha avisado sobre la posibilidad de retirar su catalogación como Patrimonio Mundial, por lo que lo único que puede hacer Juanma Moreno es decir, como Presidente de la Junta de Andalucía y como Presidente del PP andaluz, que retira la Proposición de Ley.
La Ley de Aguas para Andalucía estableció, con su aprobación, el canon de mejora como tributo que grava la utilización del agua de uso urbano, el abastecimiento humano, con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua de uso urbano —abastecimiento, saneamiento y depuración— en el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía —aunque abre la posibilidad de establecimiento en el ámbito competencial de las entidades locales, aunque a lo largo del tiempo no conozco municipio que haya realizado esta doble imposición—, si bien, la prestación de los servicios propios de las competencias del ciclo integral del agua, al igual que la Ley de Bases del Régimen Local y la LAULA, las asigna a los municipios, que requieren de la asistencia técnica y la cooperación económica de las administraciones supramunicipales.
A más abundancia, la citada Ley en su artículo 11.2.c) atribuye a la consejería competente en materia de agua “regular y establecer el apoyo técnico y las medidas de auxilio económico y fomento a las corporaciones locales, otras entidades y particulares para la realización de los objetivos de planificación hidrológica” mientras que el artículo 8.ñ) le otorga la competencia de “la regulación y establecimiento de ayudas económicas a las entidades económicas para actuaciones relativas al ciclo integral del agua de uso urbano, así como las medidas de fomento a otras entidades y particulares para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica”.
De hecho, les asigna la ordenación y la prestación de servicios, pero no les otorga explícitamente la competencia en materia de infraestructuras, la inversión en nuevas instalaciones, redes o plantas, la mejora y digitalización en la búsqueda de una mayor eficiencia de las existentes, donde, sin lugar a dudas, se requiere la colaboración, la asistencia técnica y económico-financiera de la Comunidad Autónoma. Y para ello, la Junta de Andalucía, además del mecanismo tributario del canon, tiene a su disposición la figura de la declaración de obras de interés de la Comunidad Autónoma mediante su declaración de utilidad pública e interés social.
Pero la Junta de Andalucía ha venido recaudando el canon autonómico en los últimos años hasta que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 fueron aprobados el pasado diciembre y suspendieron la aplicación del canon para este ejercicio y lo hacían —además de en un año inapropiado ante la sequía que se vislumbraba y por sus consecuencias antisensibilización que siempre la hacienda pública y el sistema pecuniario supone al poder abrir la mano al exceso de consumo al reducir el pago— bajo el reconocimiento de que existen sin gastar 862 millones de euros de los 1.290 millones recaudados desde su imposición en 2011 —el Gobierno de Moreno Bonilla desde 2019 solo ha ejecutado 210 millones, la mayoría de aquellos fondos programados por el anterior Gobierno socialista—. Dicho de otro modo, hoy la Junta de Andalucía tiene 350 millones, un 68 % más, de fondos del canon que sin ejecutar de los que se encontró a finales de 2018. Hay que recordar que el PP en el Gobierno gasta más en comunicación social que en inversiones hídricas, esto es, si entre 2019-2022 el gasto en propaganda institucional ha sido de 693,1 millones de euros, en inversiones hídricas en total se ha quedado en 557 millones. Digno de estudio.
Y, por otra parte, ha demostrado una indolencia, dejadez e incompetencia en la gestión y resolución de los trámites administrativos que deben dar lugar a la ejecución de los 17 proyectos de abastecimiento en alta declarados de interés autonómico en junio de 2020 y que hasta la fecha, salvo honrosas excepciones, siguen sin ejecutar —desde luego, en la provincia de Jaén seguimos esperando conocer, no la ejecución, sino los propios proyectos o actuaciones que deben permitir mejorar la garantía de abastecimiento del sistema Quiebrajano-Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Jaén y lo referido a la segunda fase de las conducciones generales de abastecimiento del sistema de Víboras (Martos)— y que además de suponer una inversión de unos 430 millones, la propia Junta de Andalucía preveía la generación de 6.450 empleos.
Hablar del Plan SOS o de los tres decretos de sequía aprobados por el Consejo de Gobierno, 300 millones en total que habrá que valorar su ejecución presupuestaria, ya que inicialmente no es más que hablar de medidas más propias de la propaganda institucional que de medidas efectivas y reales, materializables por los andaluces y las andaluzas, y sin verdaderos efectos para combatir la situación excepcional de sequía y su crisis derivada y, en todo caso, parciales hacia el sector agrario y a la depuración.

Mientras tanto, el falso ‘moderado’ Moreno Bonilla sigue instalado, primero, en una falta de asunción de competencias y liderazgo político ante la situación de sequía, exigiendo medidas a los ayuntamientos —sin darles financiación— y recursos presupuestarios al Gobierno de España y la UE

—sin ejecutar los ya transferidos— y, segundo, en el uso de la propia crisis que supone la sequía para confrontar con Pedro Sánchez y el Gobierno de España que ya han prometido hacer lo que esté en su mano contra la sequía.