"¿por qué de esto no se habla ni se difunde mediática o socialmente?, ¿por qué no hay ningún grupo empresarial de comunicación que informe de esta circunstancia o investigue sobre la misma?"

2023-03-12


España, cuando ha contado con Gobiernos socialistas y de progreso y, especialmente, con J. L. Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez –en la etapa de Felipe González estaban todos los pilares esenciales del Estado de Bienestar por construir y los cimentó– ha exportado derechos sociales y libertades públicas, siendo en referente en políticas de igualdad.

Mientras tanto, si bien VOX ha venido a la política a romper un consenso social y de ciudadanía en relación a la existencia de una democracia de igualdad, lo cierto es que en lo político el PP solo ha estado en ese consenso político a arrastras, tarde y mal. La derecha, históricamente, ha intentado boicotear los derechos de las mujeres con continuos recursos de inconstitucionalidad en el TC: ley del divorcio, leyes del aborto, Ley de Igualdad, de educación y eutanasia, etc., valen de ejemplos.

El Presidente del Gobierno acaba de anunciar –a la lectura de este artículo ya habrá sido aprobada por el Consejo de Ministros- la Ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los órganos de decisión, ya que “si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico” –ha dicho- parece razonable romper los ‘techos de cristal’ y las resistencias del poder político, social y económico que por propia voluntad casi nunca cumple ‘la mano invisible’ y que, por tanto, la paridad tiene que existir de forma obligatoria por ley, por Derecho, en el Consejo de Ministros y Ministras, en los consejos de administración de las grandes empresas, en las juntas de gobierno en los colegios profesionales o en los jurados de reconocimiento público.

Nuevamente, España se sitúa a la vanguardia del feminismo –como reconocimiento a las mujeres de las mismas capacidades y derechos que para el hombre, es decir, como sinónimo de igualdad y no entendido -como hay quien quiere trasladar- como antónimo al machismo como una actitud de prepotencia o forma de discriminación- y de las políticas de igualdad en Europa.

En estos avances en política de igualdad, no quiero rehuir el debate de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual –más conocida como Ley del Sí es Sí- que tiene una pretensión clara: cambiar el paradigma sobre la política penal dejando de definir la agresión sexual como un acto mediado por la violencia para definirla como un acto donde la víctima no consintió.

Lo cierto y verdad es que sus efectos están siendo adversos a los objetivos perseguidos y ha supuesto un borrón sin precedentes en la basta legislación en la materia que España ha desarrollado siendo ejemplo para el resto de las legislaciones europeas. Resolver el error no es fácil por no decir imposible y la gestión y la inmediatez en las respuestas tampoco han sido ejemplificantes.

Pero también es verdad que el CGPJ está suministrando datos que ningún grupo empresarial de comunicación está dando a conocer. Primero, en España hay 52 Audiencias Provinciales y solo son 31 las que están suministrando información completa; segundo, esas han revisado 1.572 casos y han decretado 402 rebajas de pena a agresores sexuales, lo que significa que 1.170 condenados no han tenido ninguna disminución de penas, es decir, el 74,42%.

Por provincias, los datos también son significativos: mientras que en Lleida o Ourense se han revisado 12 condenas y se han reducido las penas en 8 y 9 casos respectivamente o en Lugo se han revisado 7 con un resultado adverso en 5, por su parte, en Jaén se han revisado 9 y la reducción se ha producido en 3 o mientras en La Rioja se han revisado 55 y “solo” 1 se ha vista reducida, en Murcia se han revisado 54 y la reducción ha llegado hasta 21 casos.

Y aquí me pregunto: ¿por qué de esto no se habla ni se difunde mediática o socialmente?, ¿por qué no hay ningún grupo empresarial de comunicación que informe de esta circunstancia o investigue sobre la misma?, ¿por qué existe esa disparidad de resoluciones judiciales y qué lleva a adoptar unos u otros criterios?


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