25-09-2022


La descentralización puede definirse como la disgregación de algunas actividades administrativas por parte de una empresa o estado. Esto conlleva a que se segmente o disperse la toma de decisiones y recursos en distintas regiones o jerarquías. A diferencia de la centralización, la descentralización no goza de gran conocimiento o comprensión, en especial en el ámbito gubernamental. (Por lo menos hasta ahora).

De modo que, la descentralización basa su necesidad de dividir el poder en motivos varios como, por ejemplo, los recursos con los que se cuenta, la cantidad de actividades económicas, o incluso un bajo nivel de intervencionismo estatal.

 

DESCENTRALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN

 

Por un lado, la autonomía técnica es la real justificación de la desconcentración. Además, la gestión pública descentralizada conlleva un carácter subjetivo, motivado a que los organismos descentralizados en su mayoría no tienen una autonomía económica propia, y en este sentido le corresponde a otro organismo ejercer control sobre ellos. Por otro lado, es limitada la competencia exclusiva de los órganos desconcentrados, dado que está sometida al poder central. Puede darse por descentralización de funciones, por divisiones de producto o por descentralización territorial.

 

VENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

 

Ahora bien, a diferencia de la administración centralizada las ventajas de aplicar la descentralización son las siguientes: Fomenta el aporte de los distintos agentes de participación. Permite que se abaraten los costos. Los temas de estudio se manejan con mayor profundidad. Motiva al personal del rango medio a ampliar sus oportunidades de crecimiento profesional mediante algún taller internacional, cursos u otras oportunidades académicas. Contribuye a que los procesos de control cuenten con mayor eficiencia. Facilita y clarifica la evaluación de los resultados.

 

DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

 

Por su parte, pese a ciertas ventajas que posee la descentralización frente a la administración centralizada, también se deben considerar ciertas desventajas como: Las decisiones que se toman carecen de uniformidad. Los especialistas no se aprovechan lo suficiente. Falta de funcionarios o de equipo apropiado en el campo de actividades.

En efecto, conocer qué es descentralizar en administración y ponerla en práctica puede contribuir a optimizar ciertos aspectos funcionales de una empresa o estado como, la calidad, la eficiencia, la responsabilidad del sector público, por mencionar algunos. El proceso de privatizaciones y descentralización que se está produciendo en todo el mundo pone fin a una etapa en la que las nacionalizaciones se consideraron un instrumento útil para favorecer el crecimiento económico y la independencia de los países frente a la inversión extranjera y las empresas multinacionales, sobre todo en sectores estratégicos.


Aunque suele argumentarse que la finalidad última de las privatizaciones de empresas y de la gestión de servicios públicos es incrementar la eficiencia económica, de hecho, en la Unión Europea, los ingresos obtenidos se están destinando a reducir los déficits y el endeudamiento públicos, facilitando los objetivos de convergencia de Maastricht.

Puesto que la responsabilidad política y legal de la Administración en la provisión de servicios públicos se mantienen después de la cesión de la gestión al sector privado, los Tribunales de Cuentas deberían controlar la eficiencia y la calidad en la prestación de los mismos, ya que dicha responsabilidad política ante el ciudadano no se transfiere.

Tras la redefinición de la presencia del sector público en la economía, pasando de ejercer una acción directa en la producción de bienes y servicios, a facilitar las condiciones para el funcionamiento del mercado y a ceder la gestión de los servicios públicos al sector privado, actualmente en el Reino Unido, tras veinte años de experiencia en privatizaciones, está tomando forma la llamada tercera vía, que trata de promover la acción conjunta entre el sector público y el privado, priorizando la calidad del servicio, pero sin olvidar el coste de la prestación del mismo.

La propuesta de descentralizar las sedes de las instituciones del Estado y de las empresas públicas, a la que se ha referido en varias ocasiones recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige una firme determinación. No debería quedar solo en palabras. El actual Estado de las autonomías necesita esa descentralización del poder central, que se reclama hace años desde Catalunya, pero que cada vez demandan más territorios. Los presidentes de Aragón y de la Comunidad Valenciana, Javier Lambán y Ximo Puig, respectivamente, tienen previsto, en este sentido, liderar un movimiento para pedir la descentralización del Estado.

Alemania, que es el Estado europeo más descentralizado, con una estructura federal, tiene las sedes de sus instituciones y empresas públicas distribuidas por todo el territorio, lo que contribuye a un reparto equitativo del poder y de la creación de riqueza y empleo asociada a las instituciones estatales. España, que también tiene un nivel muy elevado de descentralización, debería seguir el modelo alemán.

Madrid reúne 233 organismos y entidades públicas estatales, 16 Barcelona o Cádiz mientras el resto de provincias quedan aún más atrás. Las desigualdades que genera la centralización y sus repercusiones tienen un impacto “muy relevante”. Sobre el crecimiento del empleo y el PIB. Sobre el tipo de empleo que se crea al ser muchos de ellos de alta cualificación. Y por localizar las unidades de contratación. En Madrid y en sentido contrario en las otras comunidades, el empleo estatal creado genera rentas y demanda que tiene efectos de arrastre por el gasto de las familias de los empleados públicos. Pero más allá, hay una consecuencia clave: allí donde se hallan las sedes de los centros públicos se localizan sus unidades de contratación y “la evidencia dice que el sesgo de proximidad de los mismos es muy importante. El sector público estatal decide en Madrid el 87% de las compras públicas y adjudica a empresas con sede social en Madrid el 64% de sus compras”. Dato demoledor e inadmisible en los tiempos que “corremos”.


 

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