"Porque mientras el debate político se enfría, los desahucios no esperan

2026-04-29

El Escudo Social Falla

REDACCIÓN /LIBREOPINANTE

DE DERECHO CONSTITUCIONAL A ACTIVO FINANCIERO: CUANDO LA VIVIENDA DEJA DE PROTEGER A LAS PERSONAS

Mientras se debate la convalidación del decreto de alquileres, la realidad en nuestros municipios demuestra que el derecho a la vivienda sigue sin estar garantizado. Hoy, en la práctica, la vivienda ha dejado de ser un derecho constitucional para convertirse en un activo financiero en manos de grandes propietarios, entidades financieras y fondos de inversión. Los casos recientes lo evidencian con claridad.

Tres casos, un mismo problema

En estos momentos, al menos tres situaciones en paralelo reflejan la gravedad de la situación y una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, con problemas de salud y a la espera de un diagnóstico grave, en riesgo de desahucio en una vivienda gestionada por Solvia; una familia que ha solicitado la prórroga extraordinaria del alquiler a la entidad financiera de Unicaja, y otra familia que ha solicitado la misma medida a un propietario particular.

En los tres casos, las personas afectadas cumplen condiciones, han intentado acogerse a mecanismos legales y, sin embargo, se enfrentan a negativas, silencio o bloqueo.

Hace unas pocas semanas, una familia vulnerable fue expulsada de su vivienda en Úbeda. Un fondo de inversión: BuildingCenter impuso sus reglas y la institución más cercana, el estado local, no la defendió ante el inversor especulativo.

La vulnerabilidad que el sistema no reconoce a tiempo.

Especialmente grave es el caso vinculado a la vivienda gestionada por el fondo de inversión Solvia.

A pesar de su situación personal, no ha podido obtener un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales, al indicársele que solo puede emitirse a requerimiento judicial o del arrendador y esto supone, por un lado, la imposibilidad de acreditar ésta de forma preventiva, por otro, el bloqueo en el acceso a medidas de protección y, por último, la indefensión total frente al procedimiento.

El sistema exige demostrar la vulnerabilidad cuando ya es demasiado tarde para evitar el desahucio.

No son casos aislados, es un modelo

La coincidencia de estos tres casos, frente a un fondo, una entidad financiera y un particular, demuestra que el problema no depende del tipo de propietario, sino de un modelo que funciona bajo la misma lógica que pasa por prioridad del cobro frente al derecho; la desigualdad total en la negociación y, la falta de intervención efectiva de las instituciones. La vivienda se gestiona como un activo, no como un derecho.

El decreto es clave… si se defiende

La prórroga extraordinaria del alquiler existe precisamente para situaciones como estas.

Pero hoy la realidad es clara, las familias la solicitan, cumplen los requisitos, pero no logran que se apliquen. Sin convalidación y sin defensa efectiva en lo local, el decreto se convierte en papel mojado. Cuando la vivienda es un negocio, la protección desaparece.

El problema de fondo es estructural, donde la vulnerabilidad pierde peso, las personas quedan desprotegidas y los desahucios se normalizan.

Exigimos

—La suspensión inmediata de cualquier desahucio en estos casos.

—La aplicación efectiva de la prórroga extraordinaria del alquiler en las tres situaciones.

—La emisión de informes de vulnerabilidad sin barreras administrativas.

—Que las administraciones actúen antes del desahucio.

Un llamamiento claro

A quienes defienden el escudo social que lo hagan también en los territorios, porque es aquí donde los fondos presionan, las entidades ejecutan y las familias se quedan solas. Si no se defiende en lo local, no existe escudo social.

Cierre: una oportunidad perdida

La defensa del decreto en el Parlamento ha sido insuficiente y demasiado tibia para la gravedad de la situación, faltando acompañamiento político real para una medida que afectaba directamente a miles de familias vulnerables. Y todo apunta a que, sin ese respaldo, el decreto no verá la luz. Esto no es una derrota técnica. Es una mala noticia directa para las personas trabajadoras vulnerables que hoy siguen en riesgo de perder su hogar. Porque mientras el debate político se enfría, los desahucios no esperan.