INFORMACIÓN - NOTICIAS  "En Jaén no hay viviendas públicas disponibles, no existen alquileres asequibles y AVRA actúa únicamente como ejecutora de desalojos,

2025-07-04

PAH Jaén pide aplazar desahucio de familia vulnerable

REDACCIÓN /LIBREOPINANTE

PAH JAÉN PIDE AL JUZGADO EL APLAZAMIENTO DE UN DESAHUCIO DE UNA FAMILIA VULNERABLE PARA NEGOCIAR CON AVRA

Jaén, 4 de julio de 2025. El pasado 3 de julio miembros de la PAH y vecinos y vecinas de Rafael y Francisca lograron paralizar un lanzamiento.

El próximo lunes 7 de julio está previsto el desahucio de una familia vulnerable sin hijos que, desde noviembre de 2023, habita y ha mejorado una vivienda pública que llevaba años abandonada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La familia ha solicitado en el día de hoy al juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 un aplazamiento de un mes, al amparo del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la reciente doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (auto de 10 de febrero de 2025), que reconoce la vulnerabilidad como límite a los desalojos sin alternativa y exige a las administraciones abrir procesos reales de negociación y solución habitacional. También en el día de hoy el juzgado indica que no competente en paralizar el desahucio del día 7 a pesar de solicitarlo por ser su vivienda habitual y ser vulnerables, a pesar de la doctrina del TSJA y a pesar de los artículos 10,15,47 y 51 de la Constitución Española, que protegen el derecho a la dignidad, integridad personal y a una vivienda digna y a pesar de la afectación real de los derechos fundamentales según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta situación no es un caso aislado. En Jaén no hay viviendas públicas disponibles, no existen alquileres asequibles y AVRA actúa únicamente como ejecutora de desalojos, despreocupándose del mantenimiento de su escaso parque público y sin ofrecer diálogo a las familias afectadas. La representante de la agencia en la comitiva judicial del fallido desalojo del día 4 se negó a hablar con la portavoz de la PAH y a coger el escrito que había dirigido la familia días anteriores, despreciando así la función social de la vivienda pública.

La vivienda pública, que debería garantizar el derecho a techo, proteger a las personas más vulnerables y actuar con vocación de permanencia, se ha convertido en una maquinaria burocrática que expulsa a quien más lo necesita.

Hay jurisprudencia en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), concretamente en el auto de 10 de febrero de 2025 (Recurso de Apelación n.º 989/2024), en el que se reconoce expresamente que la condición de persona afectada por desahucio, sin recursos suficientes ni alternativa habitacional, son indicadores jurídicamente válidos de situación de especial vulnerabilidad, que impiden los lanzamientos de familias vulnerables. Doctrina que está referida al desahucio una familia vulnerable de Jabalquinto cuya sentencia firme de febrero de 2025 archiva diligencias y niega la entrada a la vivienda a AVRA

Y no solo hay jurisprudencia, hay razones sociales y hay deber moral. Lo que falta es voluntad política para facilitar un proyecto de vida a una familia joven y vulnerable

Y la política, si quiere ser digna, tiene que ser cuidado de la vida, sobre todo de la vida más frágil, la más amenazada: la vida vulnerable.

Si el juzgado no es competente y AVRA se niega a hablar con la PAH el día del lanzamiento ni a contestar al escrito registrado por la familia el día 2 de julio solicitando una negociación podemos decir que el derecho a la vivienda en Jaén no se ejerce. Es mentira.

La PAH hace un llamamiento a luchar por el derecho a la vivienda en Jaén, impidiendo desahucios a familias vulnerables, reivindicando un parque de vivienda público y unos alquileres accesibles y ruega la paralización del lanzamiento el día 7. El juzgado y AVRA tienen que poner las bases para abrir una vía de diálogo con AVRA, para explorar una posible solución habitacional alternativa o una regularización de la situación, tal como ha sido admitido como criterio jurídico por el TSJA en el auto de 10 de febrero de 2025, al igual que se hizo con una familia de Jabalquinto con sentencia firme y diligencias archivadas.