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"Nadie debería estar por encima de la ley. |
2026-09-06
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¿Monarquía o república?

El gran debate de la postdictadura siempre fue el motivo por el cual no se hizo valer plenamente la democracia y no se votó entre monarquía o república, sino que se asumió directamente una institución que había sido establecida por el dictador Franco años antes. Incluso Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, reconoció posteriormente que no quiso celebrar una votación porque las estimaciones que manejaba el Gobierno indicaban que la monarquía podría perderla.
Entonces preguntaréis: ¿qué más daba quién gobernara, si monarquía o república? Pero sí daba. Estados Unidos tenía importantes intereses estratégicos en España y mantuvo una relación estrecha con Juan Carlos I, mientras que su designación por Franco como sucesor a título de Rey condicionó enormemente la legitimidad de origen de la institución. Pensaréis que, entonces, Juan Carlos de Borbón entró por la puerta grande. Pero la realidad es bastante más compleja: su reinado comenzó en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por el abandono del Sáhara Occidental (que empezó siendo príncipe), por las controversias que rodearon su vida privada y por el peso de su origen institucional durante el franquismo.
Con el paso de los años, además, Juan Carlos I quedó envuelto en numerosas controversias. Entre ellas destacan las investigaciones relacionadas con su patrimonio y sus finanzas, así como sus relaciones extramatrimoniales, que terminaron dañando gravemente la imagen de la institución y contribuyeron al contexto político que desembocó en su abdicación en 2014.
No habría necesariamente un problema con que un monarca cometiera errores o incluso delitos si existieran mecanismos jurídicos capaces de exigirle responsabilidades como a cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la Constitución establece en su artículo 56.3 que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
Entonces, ¿qué preferimos? ¿Una monarquía antidemocrática, una monarquía democrática o una república?
Hay que decir que no soy un gran partidario de la monarquía, pero sí creo que podrían darse una serie de tres pasos para avanzar hacia una democracia más plenamente sometida al control ciudadano.
Primero: eliminación de los delitos específicos de injurias y calumnias contra la Corona.
La crítica y la libertad de prensa son esenciales en una democracia. Como contraejemplo, la falta de escrutinio público que durante décadas rodeó a Juan Carlos I terminó perjudicando gravemente a la propia institución. Una monarquía democrática debería poder soportar las críticas, incluso las más duras, sin contar con una protección penal especial frente a ellas.
Segundo: supresión de la inviolabilidad constitucional del Rey.
Nadie debería estar por encima de la ley. Suprimir este privilegio y establecer mecanismos claros para exigir responsabilidades al jefe del Estado dotaría a la figura del Rey de mayor credibilidad y cercanía ante los ciudadanos.
Tercero: celebración de referéndums generacionales sobre la Monarquía.
Permitir un refrendo o una votación popular no de forma continua, sino periódicamente —por ejemplo, con la llegada de un nuevo monarca al trono— permitiría adaptar la continuidad de la institución a las nuevas sensibilidades de la ciudadanía. También evitaría que la permanencia de la monarquía dependiera indefinidamente de una decisión tomada décadas atrás.
Si esto se hiciera así, los dedos dejarían de apuntar tan a menudo a Felipe VI por cada actuación de su padre, el emérito, y cada vez que alza la voz la institución monárquica no tendría por qué verse sometida a una nueva crisis de legitimidad.
Por todo ello, pienso que una monarquía democrática, sometida al control de los ciudadanos y con una opción real de convertirse en república si así lo decide la mayoría, puede ser una fórmula más justa para todos. Al final, la cuestión fundamental no debería ser qué forma de Estado prefiero yo ni qué forma de Estado prefirió Franco, sino qué forma de Estado prefieren los españoles y si tienen realmente la posibilidad de decidirlo.
Porque, en una democracia, la última palabra debería corresponder a los ciudadanos y no a quienes toman las decisiones desde los despachos.


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