"El Estado español y la Comunidad de Madrid han sido, a mi juicio, ineficaces en este caso.

2026-10-04

Inquilinato, inhumanidad

Mientras parte del pueblo español lucha y denuncia el desahucio de Maricarmen, otra parte parece aceptar que una señora de 87 años no pueda permanecer en el hogar que ha habitado durante 71 años porque el presunto fondo buitre Urbagestión ha comprado su vivienda, en una operación denunciada como especulativa.

Un ejemplo es el comentario público de la cuenta @b_bbirddd en X:

«"No podemos dejar en la calle a una anciana".

Pues claro que podemos. Nos ha jodido. Millones de jóvenes en este puto país sin un duro, sin trabajo ni donde caerse muertos. […] La puta vieja pagando 300 € de alquiler en el puto centro de Madrid porque “Franco se lo prometió a mi padre”. Como si se lo prometió Mufasa, señora; a la puta calle. […] Una puta generación de MIERDA, parasitando a sus padres y luego a parasitar a la nación […]. Y me tengo que poner a llorar».

La publicación cuenta, según las cifras señaladas, con 243.000 visualizaciones, 3.300 «me gusta» y cerca de 600 compartidos.

Mientras tanto, PP y PSOE mantienen sus propias políticas de ajedrez frente a propuestas como la presentada por Sumar el 15 de septiembre de 2026 para restringir la compra de viviendas por personas jurídicas, eliminar incentivos fiscales de las SOCIMI y ampliar el parque público de vivienda. La iniciativa contó con la abstención del PSOE y el voto en contra del PP, Vox y Junts.

Esto no es más que abulia estatal contra el inquilinato, apoyada por quienes hablan de vivienda digna y prioridad nacional. Da igual quién seas y de dónde vengas: la dignidad humana está por encima de todo. El Estado español y la Comunidad de Madrid han sido, a mi juicio, ineficaces en este caso.

Aunque Maricarmen sea la cara visible del problema, detrás se encuentran miles de personas en la misma situación. Según el CGPJ, en 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos judiciales. El número exacto de personas afectadas no está contabilizado oficialmente, ya que los juzgados registran lanzamientos y no cuántas personas habitaban cada inmueble.

Creo que a nadie le atraería la idea de que su familiar de cinco o de ochenta años fueran expulsados de su vivienda por un banco o un fondo de inversión. Pero ese es el problema: hasta que el individuo no sufre el problema, no ve la necesidad de detenerlo.

La inhumanidad mostrada, por una parte, de la sociedad y determinados partidos políticos también se extiende a nuestro día a día. Como joven afectado por fondos buitre que pretenden quedarse con mi vivienda, poniendo a mi familia en riesgo de quedarse en la calle, lanzo un grito de ayuda a la ciudadanía y a los políticos: que la vivienda sea un derecho y no un negocio, para que todo ser humano pueda vivir con dignidad y decencia en un mundo movido cada vez más por el dinero y la frialdad.