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Ayer, día 25, tuvieron lugar movilizaciones en toda Andalucía en defensa de la Sanidad Pública. Una convocatoria hecha por las Mareas Blancas andaluzas y respaldada por decenas de colectivos y ciudadanía individual. Estoy seguro, a pesar de que en el momento en que estoy escribiendo estas... |
2023-03-26
Ayer, día 25, tuvieron lugar movilizaciones en toda Andalucía en defensa de la Sanidad Pública. Una convocatoria hecha por las Mareas Blancas andaluzas y respaldada por decenas de colectivos y ciudadanía individual.
Estoy seguro, a pesar de que en el momento en que estoy escribiendo estas líneas aún no se han celebrado, de que habrán sido un éxito.
Y lo habrán sido, independientemente de cuánta gente haya acudido, porque ya en la organización de las mismas se ha conseguido movilizar a mucha gente de muchos orígenes diferentes en aras del bien común. Conseguir que la gente salga a la calle depende de muchas cosas, pero con constancia y coherencia se consigue. Seguro.
Ciñéndome al caso de la provincia de Jaén, pocas posibilidades hay de aunar a más de 20 colectivos ciudadanos, sindicales y políticos, además de personas a nivel personal, bajo una misma pancarta. Todos ellos en defensa de la Sanidad Pública, uno de los servicios fundamentales de nuestra sociedad y que parece el objetivo de los capitales e inversores, con la ayuda inestimable e imprescindible de algunos gobernantes.
Otra cuestión diferente es que esa unidad de acción, nunca fácil, tenga su continuidad en algo más, como por ejemplo en listas de consenso en las próximas elecciones municipales. Pero eso es otro tema, que requeriría mucho espacio y tiempo y que no es el que nos ocupa hoy.
Y ¿por qué ocurre esto? ¿Qué tiene de particular esta movilización para que pueda conseguir lo aparentemente inalcanzable?
Que nos afecta a la inmensa mayoría de la ciudadanía y que lo hace en nuestro día a día, en las cuestiones vitales y cotidianas que marcan nuestra vida. Porque los servicios públicos son eso, lo que garantiza que, en igualdad de condiciones, tengamos acceso a la igualdad de oportunidades. Un concepto que parece trasnochado, pero que deberíamos recuperar y cuanto antes, mejor.
Quizá deberíamos enseñar a los más pequeños en las escuelas, y a algún que otro grande en las calles y las tertulias, lo que son los servicios públicos y porque son tan importantes. Y, ya de paso, porque tienen que estar alejados de las lógicas de los mercados y de la codicia y la ambición de unos cuantos.
Porque unos servicios públicos de calidad marcan la diferencia entre una sociedad democrática, integrada, cooperadora y solidaria con una que no lo es. Y no es ninguna exageración decir que la sociedad del futuro dependerá totalmente de los servicios públicos del presente.
Cuando hablamos de educación, sanidad, cuidados, servicios sociales… no hablamos de una partida más en el gasto de los presupuestos, ya sean generales del Estado o de cada Comunidad autónoma o Ayuntamiento. Estamos hablando de la inversión más importante que hacemos como sociedad. La que nos dotará de la cobertura y la preparación para afrontar la vida en sociedad.
Por eso son tan importantes para la inmensa mayoría de la gente y son un estorbo para esa minoría que no los necesita porque se han fabricado unos servicios a medida.
Y, ¿eso es un problema? No, en absoluto. Siempre y cuando no quieran que se los mantengamos entre todos, además contribuyendo a su enriquecimiento exagerado a costa de explotar la necesidad de tanta y tanta gente.
La estrategia está clara. Primero se desmantela el servicio público en cuestión. Esto se puede hacer de diversas maneras, pero suele ser en forma de recortes y reducción de presupuestos y dotaciones. Por supuesto, esto conlleva una pérdida en la calidad del servicio, lo que hace que mucha gente se vea forzada a optar por sistemas privados o mixtos.
A continuación, ante el deterioro del servicio y el malestar que genera, se justifica la privatización bajo la forma de conciertos y derivaciones a entidades privadas que van a ofrecer el mismo servicio y que le van a cobrar a la administración mucho más de lo que costaría mantener ese servicio en buenas condiciones dentro de las administraciones públicas.
Una vez iniciada la privatización, y puesto que disminuye, obligatoriamente, la demanda del servicio, se desmantelan las unidades administrativas que lo llevaban a cabo. Esto conlleva el empeoramiento acelerado de la gestión, y la desaparición de la posibilidad de volver a desempeñar ese mismo servicio en el futuro. Eso hace que sea necesario mantener e incrementar los conciertos, que siguen aumentando sus costes y beneficios a costa de las arcas públicas. Arcas que, no lo olvidemos, nos pertenecen a toda la ciudadanía.
Y ya está, se cerró el círculo. Negocio perfecto. Los grandes capitales han encontrado su nuevo filón, desempeñar los servicios que deberían desempeñar las administraciones. Y para que no se les resienta el mercado ya se aseguran de que las condiciones sigan estando a su gusto, colocando a gestionar lo público a los mejores amigos de lo privado.
Ahora bien, ante esta situación que vemos a diario y contra la que miles de ciudadanos tienen que luchar en su día a día, ¿vamos a hacer algo?
Porque no se trata solo de salir a la calle a manifestarse, que también. No se trata solo de quejarse en artículos y en la prensa, que también. No se trata solo de presentar quejas en los servicios deficitarios, que también. Se trata de ser conscientes de que como ciudadanía tenemos el deber de luchar por esos servicios y porque todas las personas, presentes y futuras, tengan la posibilidad de disfrutarlos. Porque llegar hasta aquí costó mucho y no podemos permitirnos el lujo de perderlo por pasividad o malentendida desidia.
Está en manos de la ciudadanía. Son aquellas personas que hemos puesto a gestionar lo de todos quienes están acabando con los servicios públicos. Así que seamos consecuentes, salgamos a la calle, protestemos, quejémonos y pongamos al frente de la gestión a aquellas personas que lo harán teniendo en cuenta el bien común y no el bolsillo propio o de sus amigos.
