SEBASTIÁN LÓPEZ MATEOS  "Es urgente la creación de un parque público suficiente de vivienda

2025-11-02

No más parches

Con indiferencia de la mayoría nos asaltaba la noticia del suicidio de un ciudadano cuando iba a ser desahuciado de su vivienda en la que había residido durante décadas. Vivía solo. No pudo sobrevivir a la pérdida de lo único que le quedaba: un techo para ir apagando la angustia que la soledad le causaba y el abandono de una sociedad insolidaria. Solo hace unos días y ya ni nos acordamos.

No es consecuencia de una fatalidad el problema de la vivienda en España, es el resultado de los últimos doce planes plurianuales que a lo largo de los últimos 45 años se han creado con diferentes gobiernos en nuestro país. Algo no funciona. Y lo que no funciona es que el artículo 47 de la Constitución, que proclama el derecho de la vivienda, se lo han pasado todos por el arco del triunfo. El poder económico ha engullido un derecho fundamental que es el de tener una vivienda digna.

Ha habido matices, según el color del gobierno, en los diferentes planes de vivienda, pero el objetivo, que ha prevalecido en todos ellos, ha sido el de la reactivación económica mediante la construcción de viviendas de protección oficial para su venta, sin tener en cuenta el número de hogares a los que se iban a destinar las mismas. La consecuencia es que la construcción de vivienda pública para el alquiler ha sido residual.

En la última década, se han construido una media de 8.600 pisos protegidos al año; en España se dedica solo el 2,5% de la vivienda construida a VPO, mientras que la media de la UE es del 9%. Si tenemos en cuenta que harían falta 1,2 millones de viviendas de protección oficial con alquiler accesible hasta 2.030 para cubrir las necesidades, y así aproximarnos a la media europea (INFOBAE), nos daremos cuenta del problema habitacional y la imposibilidad del acceso a la vivienda de los jóvenes.

Nos equivocamos si esto lo analizamos solo desde una posición ideológica o partidista y no damos un paso más. Son los intereses de las grandes corporaciones económicas, sean fondos de inversión, bancos o constructoras potentes, los que, a través de mecanismos y medidas de presión, influyen en las políticas de los gobiernos.

Desde que estalló la gran crisis de la vivienda, con movilizaciones de cierto impacto social y mediático, el actual gobierno se ha apresurado a tomar algunas medidas que no resuelven el problema de fondo, pero sí han servido para escenificar las diferentes posiciones dentro del propio gobierno. Una, la de un partido, PSOE, que ha gobernado este país durante muchos años y es corresponsable, junto al PP, del desaguisado de la vivienda en el que estamos, y otra, la de SUMAR, coalición política que intenta dar un paso más para atajar el problema. No se puede compaginar los intereses del capital inmobiliario con el de los de los ciudadanos que carecen de vivienda, como intentó hacer la ley de 2023 en la regulación del alquiler.

Es urgente la creación de un parque público suficiente de vivienda y eso no es posible a corto plazo, pero sí es posible, ejerciendo el poder que la Constitución otorga al Gobierno, la expropiación de las viviendas que los fondos buitre adquirieron a precio de saldo durante la crisis inmobiliaria. Es urgente la limitación de los precios de los alquileres, congelando los contratos ya existentes, entre otras medidas. Es urgente el aumento de la inversión pública en la vivienda. Y es urgente garantizar el derecho a la vivienda de cualquier ciudadana o ciudadano en nuestro país…

¡Menos discursos, menos propaganda y más determinación!